Descripción
La doctrina desarrollada en este libro sobre la protección penal de bienes jurídicos colectivos puede ser especialmente válida para reforzar la legitimación del Derecho penal económico ecuatoriano, pues la Constitución del Ecuador configura al Estado ecuatoriano como uno altamente social y democrático para el que es un imperativo ético-político el desarrollo de una actividad encaminada a promover y a crear las condiciones que posibilitan el «buen vivir» de todos los ecuatorianos (Título VII en relación con los derechos incluidos en el Título II, y especialmente en el Capítulo II de éste), es decir, el uso y el aprovechamiento óptimos de sus bienes jurídicos individuales para la satisfacción de sus necesidades e intereses y aspiraciones legítimos y para su libre autodesarrollo personal. Por esto, no extraña que el Derecho penal económico ecuatoriano haya experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años y especialmente desde la promulgación de la Constitución de 2008. Aunque la doctrina que aquí expongo formula principios muy generales y abstractos, confío en que la misma pueda tener alguna utilidad para la definición de los diferentes bienes jurídicos colectivos concretos protegidos por los nuevos tipos penales económicos del Derecho ecuatoriano y, sobre todo, con base en ella, para una interpretación y delimitación del alcance de ellos que permita su correcta aplicación práctica.
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